Gustavo Berganza

Por Gustavo Berganza

El 18 de abril de 2008, en un hotel del centro de la ciudad, dos hombres y una mujer adulta, fueron descubiertos por el encargado del hospedaje en compañía de dos adolescentes, casi niñas, desnudas. El empleado del hotel escuchó gritos en una de las habitaciones, y cuando abrió la puerta, vio como la mujer y el joven retenían a la fuerza a una niña, en tanto el mayor intentaba penetrar a la otra, a quien tenía amarrada de la garganta.

Pocos días más tarde, los padres de las adolescentes buscaban el apoyo de la Fundación Sobrevivientes, que dirige Norma Cruz, para procesar por corrupción de menores e intento de asesinato al hombre maduro, quien resultó ser el diputado Paul Estuardo Gómez Cristiani, de 50 años, de la bancada del Partido Patriota. Gómez Cristiani fue electo para representar al departamento de Retalhuleu y a pesar que todavía sigue el proceso en su contra, ha sido postulado para la reelección por la Unidad Nacional de la Esperanza.

Cuando se formalizó la acusación ante el Juzgado Séptimo, el Ministerio Público estableció que quienes acompañaban al diputado Gómez Cristiani en la habitación del hotel eran su asistente Ald Hans Soto Quintanilla y Melany Marín Estrada Valenzuela. Esta última, según obra en el proceso, habría sido quien le llevó con engaños a las niñas.

Lo preocupante es que en corrillos del Congreso se habla sotto voce de que el caso de Gómez Cristiani no es el único, porque en el Legislativo se sabe de más diputados que pagan por tener sexo con niñas. Al parecer, Melany Marín Estrada Valenzuela es una entre las varias proxenetas que los congresistas pedófilos utilizan para conseguir menores de edad. Según lo que me cuentan, estas proxenetas llegan con fotografías de niñas, en uniforme de institutos y colegios, a ofrecerlas a los diputados. Una de las versiones que me dieron es que éstas niñas lo hacen de motu proprio, para así poder costearse gustos que sus padres, desconocedores de las actividades de sus hijas, no pueden costearles. Otras, como sucedió con las que intentó corromper el diputado Gómez Cristiano, son objeto de engaño.

Si estas versiones son ciertas, y en efecto en el Congreso se propicia la prostitución de menores, me llama la atención que la Junta Directiva del Congreso no haya denunciado un hecho que es de aparente conocimiento entre diputados, asesores y personal administrativo.

En otros Parlamentos existen comisiones de ética, que canalizan denuncias contra los legisladores. Sin embargo, en nuestro Congreso ya lo ven ustedes, no solo no las hay, sino se premia con la reelección a quien ha cometido un delito contra menores. Con hábitos y estándares morales tan bajos, va a ser difícil que el Congreso logre adquirir algún nivel de respeto y prestigio ante la sociedad.