Por Gustavo Berganza

El financiamiento de las campañas es uno de los factores que nos ha llevado al estado actual de cosas en el Gobierno. Recordemos que la promoción de Otto Pérez Molina como candidato  en 2011 de Otto Pérez Molina costó al menos al Q215.05 millones (Acción Ciudadana).  Y ya hemos podido ver, en apenas cuatro meses desde su toma de posesión, el número de compras que este régimen ha hecho bajo la modalidad de excepción. Adquisiciones en las que la sobrevaloración es más bien la norma y no la excepción.

Y aún hay más: hay leyes de beneficio general, como la Ley de Minería, la Ley que suprime el secreto bancario y la Ley de Desarrollo Rural que están paralizadas, merced a las presiones que hacen los financistas.

Por eso, no es extrañar que el tema del financiamiento público a los partidos sea uno en donde converge el interés de las organizaciones de la sociedad civil que participan en los foros convocados por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para escuchar propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El financiamiento, tal como lo plantean,  va amarrado a una mejor fiscalización de los partidos y a la democratización de sus procesos internos. Y también implica una reducción del período oficial de campaña. Actualmente, el tiempo autorizado es de cinco meses y medio para los partidos que  pasan al balotaje, y de cuatro meses y medio para aquellos que solo alcanzan la primera ronda. De facto, sin embargo, tenemos campañas que arrancan año y medio antes de los comicios. La propuesta de la Convergencia Nacional para la Reforma Política –CONAREP- sugiere un límite de dos meses.

El Movimiento Cívico Nacional –MCN-, consciente de que el mayor peso en el costo de las campañas es la publicidad, sugiere que sea el Tribunal Supremo Electoral el que contrate los espacios en los medios  y los distribuya equitativamente entre los partidos.

Los topes de gasto de campaña tienen que estimarse de manera diferenciada, por cargo de elección. Es decir, hay que establecer techos separados para binomios presidenciales, diputados y alcaldes. Y reforzar la autoridad y los recursos de la auditoría electoral del TSE para vigilar que los partidos se ajusten a los topes e impedir que los medios no se conviertan en cómplices para violarlos.

Lo malo es que solo ha sido hablar de financiar a los partidos y ya se generó una marejada de críticas. En este sentido, creo habrá que emprender una campaña informativa para explicarle a los guatemaltecos los vínculos entre financiamiento privado y corrupción y tráfico de influencias en el Congreso, Gobierno central y municipalidades. Una campaña que ilustre con ejemplos locales y extranjeros cómo la dependencia de los partidos de financistas privados les priva de autonomía para gobernar, empujándolos a orientar su gestión a satisfacer las demandas de sus patrocinadores, en desmedro de los intereses de la generalidad.www.gustavoberganza.com

Por Gustavo Berganza

Las elecciones fueron excepcionales en todo sentido: hubo tres candidatas presidenciales y tres vicepresidenciales. Pero también el registro récord de votantes niveló el padrón electoral  y lo hizo reflejar de mejor forma la distribución demográfica por sexos. Mejoramos en cifras, pero ¿representa esto un rompimiento con la realidad patriarcal y machista que caracteriza al sistema político guatemalteco?

Veamos. Hoy tenemos en la cúspide del poder a la vicepresidenta Roxana Baldetti y en el Congreso, como segunda vicepresidenta y gran potestad fiscalizadora, a Nineth Montenegro. Acompañan a Baldetti en el Ejecutivo Roxana Sobenes, Luz Lainfiesta y Cinthia del Aguila. En la junta directiva del Congreso, la tercera secretaría la ocup Emilienne Aquino Mazariegos. También está Thelma Aldana en la Presidencia del Organismo Judicial y Claudia Paz y Paz al frente de la Fiscalía General.

El puesto de Baldetti no es moco de pava… La vicepresidenta ha tomado el control de viceministerios y direcciones administrativas. Por medio de la diputada Aquino y de Alex Castillo, el subjefe de bancada, pastorea al grupo parlamentario del PP y mantiene a mecate corto al Presidente del Congreso y al jefe de bancada. Los únicos ministerios que no le rinden partes circunstanciados son los de Defensa, Comunicaciones y Gobernación. Hasta en Energía y Minas, una cartera cuyo titular le debe lealtad a Alejandro Sinibaldi, su némesis y principal competidor por las bendiciones del Presidente, tiene agentes que le reportan los movimientos de Erick Archila. Es la mujer con más poder, pero su forma de ejercerlo, ¿es diferente del modelo acumulador, competitivo y autoritario que caracteriza al de los funcionarios hombres?

En el entorno de confianza de Nineth Montenegro, no hay mujer alguna entre trabajan con ella que tenga la jerarquía de las mujeres de Leonel Lira ni Mynor Miranda. Otro tanto de lo mismo sucede con Thelma Aldana, en la Corte Suprema, y Claudia Paz y Paz en el Ministerio Público. Ninguna de las dos funcionarias claves en el sistema de justicia tiene asesoras mujeres.

Luz Lainfiesta nombró a dos hombres viceministros. Roxana Sobenes  y Cinthia del Aguila nombraron cada una a sendas mujeres viceministras: Michelle Melisa Martínez Kelly, en Ambiente y Michelle Melisa Martínez Kelly, en Educación. Pero tampoco es que prevalezcan sobre los hombres: en el caso de Educación, es una mujer frente a tres hombres y en Ambiente, una y uno.

No sé que dirán mis amigas de La Cuerda o las doctoras Alicia Rodríguez, Walda Barrios y Ana Silvia Monzón, autoridades en el campo de la investigación y docencia de género, pero yo tengo la sospecha de que ni el elevado número de mujeres empadronadas y que votaron ni su presencia en puestos de poder pueden tomarse como indicativos de un cambio en la cultura patriarcal y machista del país. Más bien, por el hecho de que estas mujeres no promueven a otras mujeres y ejercen su poder de manera similar a la de los hombres, lo que se producen es el reforzamiento del estatus quo y la perpetuación de la opresión de género. Al menos hasta hoy, tener a esas mujeres en la cúspide de la administración pública y de la justicia, no se ha traducido, salvo excepciones,  en una mejora de sus estructuras ni de su funcionamiento. www.gustavoberganza.com

Por Gustavo Berganza

El Presidente Otto Pérez reiteró su convencimiento de que los disturbios acontecidos en Santa Cruz Barillas son consecuencia de la intromisión de organizaciones foráneas, que manipulan a los habitantes del lugar para que se opongan a la construcción de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Según el Presidente, también están implicados dos grupos del crimen organizado y del narcotráfico.

La solución que el Presidente ha encontrado para restaurar el orden y, suponemos, la convivencia pacífica en ese municipio es el envío de 500 soldados, que fungen como fuerza policiaca, y la declaratoria de estado de sitio.

En términos abstractos, las acciones del Presidente entran dentro de lo que se espera haga el Gobierno para restaurar el orden público cuando éste es quebrantado. Sin embargo, en el caso particular de la conflictividad rural generada por la oposición a minas e hidroeléctricas, la decisión del Presidente no parece ser la más adecuada, porque ignora los antecedentes del problema.

Es probable que las técnicas utilizadas por las comunidades para manifestar su opinión –generalmente de rechazo- a las minas e hidroeléctricas hayan sido enseñadas y se encuentren codificadas en manuales diseñados por ONG extranjeras y locales. En algunos de estos manuales, seguramente de lo que se habla es del derecho que tienen las comunidades a decidir acerca de los recursos del territorio sobre el cual están asentados. En otros tantos, probablemente se mencionará la necesidad de movilizar a la población para que exprese su acuerdo o desacuerdo con estos proyectos, que pueden tener incidencia irreversible sobre el ecosistema de la región. La Constitución garantiza el derecho de libre emisión del pensamiento, la libertad e igualdad en derechos de los comunitarios frente a los de las empresas, y establece que tienen derecho de petición, derecho de asociarse, en este caso para oponerse a la minería y a las hidroeléctricas, y de manifestar públicamente, como lo han hecho en varias ocasiones. Si esto está en la Constitución, ¿es problema que haya ONG que les instruya sobre como hacer funcionales esos derechos? ¿No es el ejercicio de estos derechos lo que hace que se desarrolle la ciudadanía?

Por lo visto, ese tipo de ejercicio de ciudadanía le disgusta al Presidente, y para evitar que en San Juan Sacatequez las comunidades contrarias a la cementera manifiesten su disgusto dispuso la instalación de un destacamento militar. En esa zona no hay problemas de trasiego de armas, de depredación arqueológica ni de tráfico de drogas. Ergo, el destacamento lo instala para proteger a la cementera de las amenazas que representa estar situada entre comunidades organizadas.

Mano dura, pues. ¿Pero alcanzarán los recursos para instalar destacamentos en todos los sitios donde ha habido consultas populares contra la minería y las hidroeléctricas ¿No sería menos oneroso en términos económicos y más beneficioso en términos políticos escuchar a las comunidades? No sé usted, pero yo creo que al Presidente le iría mejor poniéndole tomando en cuenta las quejas de las comunidades en vez de disciplinarlas promoviendo su ocupación por parte del Ejército. www.gustavoberganza.com

Por Gustavo Berganza

La zona fronteriza de Huehuetenango es una de las mejor organizadas, en términos de agrupaciones de pueblos indígenas que pueden movilizar decenas de miles de personas. El 23 de junio de 2007, 46 mil 490 personas, residentes de Santa Cruz Barillas, participaron en una consulta popular en la que la mayoría, salvo 9, se pronunciaron en contra de la minería.

Dos años más tarde, cuando el consorcio formado entre las empresas Desarrollo Eléctrico Centroamericano y la compañía española Ecoener empezó el proceso de medición y adquisición de terrenos para construir la planta de generación hidroeléctrica Hidro Santa Cruz en Poza Verde, Barillas, las comunidades del área hablaron de la necesidad de realizar una nueva consulta popular. Entre el inicio de las mediciones, en febrero de 2009 y la realización de la consulta transcurrieron cinco meses, plenos de incidentes entre los comunitarios y los trabajadores de la empresa. En la consulta, realizada el 27 de julio del año pasado participaron pobladores de 29 comunidades del área, que rechazaron la construcción de proyectos en San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas. Y para que no quedara duda de su oposición, el 16 de noviembre paralizaron los cinco accesos a Santa Cruz Barillas para refrendar su postura.

Lo acontecido el pasado martes arrastra, entonces, una conflictividad no resuelta, que se ha ido intensificando a lo largo de 5 años, durante los cuales ni el gobierno ni las empresas desarrolladoras de proyectos mineros y de generación eléctrica se han tomado la molestia de acercarse a las comunidades y escucharlas.

Las vísperas de la feria patronal de la Santa Cruz, en Barillas, con su cauda de alcoholismo ceremonial, seguramente contribuyeron a que la ira de la población por la muerte de uno de los suyos alcanzara esos niveles de violencia. Es ejemplar, desde todo punto de vista, la forma como el oficial y los soldados del destacamento se inhibieron de disparar en contra de quienes los agredieron y allanaron las instalaciones militares. Como me dijo un funcionario internacional de derechos humanos, esa actitud evitó un nuevo Xamán.

El ministro de Gobernación es un experto en mediación y resolución de conflictos, muy conocedor de la compleja cultura del país. Esto debiera permitirle diseñar acciones creativas, más allá del modelo de represión permanente que exige la derecha conservadora, para desactivar esa bomba de tiempo. Ojalá haga uso de esa experiencia en Barillas y en los 60 municipios donde la minería y las hidroeléctricas mantienen en estado de crispación a las comunidades.www.gustavoberganza.com

Por Gustavo Berganza

¿Cómo hacemos para sacar al país del subdesarrollo? ¿Es la agricultura la salida para elevar el nivel de vida de la población rural? ¿Son las industrias extractivas –minería, petróleo-, las que darán ese trabajo de calidad y bien pagado que llevará el bienestar al campo y detendrá la peligrosa migración al Norte?

Tal como nos mostraba elPeriódico la semana pasada, el gobierno le apuesta al reparto gratuito de fertilizantes químicos como una forma de aumentar la productividad en suelos y, es de esperar, los ingresos de los agricultores. Una salida que más que ayudarles a los campesinos a paliar su pobreza, incrementa el clientelismo y se convierte en una fuente de nuevos problemas, cuando el fósforo residual del abono contamina las fuentes de agua.

Con las industrias extractivas, su propaganda habla de beneficios en las poblaciones aledañas a las minas, que ven subir el nivel de consumo y aumentar las fuentes de trabajo porque la empresa contrata personal y servicios locales. Por supuesto, lo que se omite es el deleznable estado en el que quedan los terrenos depredados y la pérdida y contaminación de fuentes de agua. Pero aparte de ello, se omite mencionar la prevalencia de enfermedades respiratorias en áreas aledañas a canteras y cementeras, vinculadas al infame polvillo que produce la extracción.

¿Qué nos queda entonces? ¿Continuar promoviendo la formación de minifundios en terrenos en tránsito a la esterilidad? ¿Regalar las entrañas del país y dejar la carcasa que las contuvo al descubierto, promoviendo la formación de desiertos?

Algo hay que hacer y esto no solamente debe ser, como bien dice la derecha económica, por la vía de oponerse sistemáticamente a todo tipo de inversión. Y tampoco, como argumentan los ecologistas, exprimiendo a fuerza de químicos y excavadoras los últimos alientos productivos de terrenos que pronto serán eriales infértiles.

El comisionado para temas agrarios ha argumentado antes que ya es tiempo de descartar el mito de la reforma agraria como llave para resolver la conflictividad  y la pobreza en el campo. Pero aparte de defender el estatus quo en lo referente a las industrias extractivas y darle largas a las demandas de grupos campesinos, ¿cuál es la política que tiene el gobierno para promover el desarrollo rural? ¿Es el turismo? ¿Es la creación de nuevos polos industriales?

El Banco de Guatemala continúa diligente en su misión de abatir la inflación. ¿Pero quién dentro del Gobierno se preocupa por estimular la creación de empleo? Y más aún, de empleo de calidad.

Vale la pena, en este día internacional del trabajo, que el gobierno nos ilustre sobre los pasos piensa dar para que los guatemaltecos tengan acceso a plazas, por encima del salario mínimo, con prestaciones y estabilidad, que les permitan aspirar a un mejor nivel de vida. www.gustavoberganza.com

Por Gustavo Berganza

Este gobierno ni los símbolos de género ni de multiculturalismo dejó. Fue nomás salir del acto de toma de posesión en el Domo, y renegar del sistema de consulta instaurado para proponer candidatas a la Secretaría Presidencial de la Mujer. Y  como postre, arrumba en el ministerio de Cultura al único indígena que decide incorporar al gabinete, una cartera decorativa en términos políticos.

Tenemos entonces, una vicepresidenta y tres ministras en un gabinete dominado por hombres. ¿Mujeres indígenas? ¡Ni siquiera en cultura!

En el servicio exterior, esta tradición machista y ladinocéntrica se exacerba. Tradicionalmente, el servicio exterior ha sido un coto cerrado para las “buenas familias” de la sociedad guatemalteca, lo cual –salvo los ex militares que han sido nombrados como embajadores- suele excluir a profesionales de excelentes credenciales que no son ni de la capital ni de apellidos de postín.  Ha habido excepciones, por supuesto, como cuando Alfonso Portillo nominó a Aura Marina Otzoy para asumir la representación diplomática ante Noruega, a Miguelo Ángel Velasco Bitzol en Suecia y a Juan León como representante alterno en la OEA. De ellos, solamente León continuó en el servicio exterior y está asignado actualmente en Oslo.

Mujeres: solamente están Ana María Diéguez, actualmente en Madrid y Carla Rodríguez, quien fue nombrada por este gobierno como embajadora en la sede de Ginebra. Lamentablemente, corremos el riesgo de perder a Anaisabel Prera, quien nos ha representado con gran mérito en París, ante el gobierno francés y la UNESCO.  La experiencia de la embajadora Prera no debiera desperdiciarse. Ojalá el ministro Caballeros encuentre para ella un lugar donde pueda seguir trabajando de esa manera tan eficaz por Guatemala.

En los planes del ministerio está el reingreso del embajador Miguel Angel Velasco Bitzol. Los cuatro años de Velasco en Estocolmo fueron fecundos en el intercambio cultural con el reino sueco y en la atención que este país le prestó a Guatemala. Ahora que está en proceso de retornar al cuerpo diplomático, cuando Velasco Bitzol tome posesión del cargo en que lo nombren, no solamente se habrá incorporado un profesional capaz y de experiencia en este trabajo, sino también el país podrá dar un paso adelante en el compromiso que tiene de abrir más espacios de participación al pueblo maya.

Desconozco si la embajadora Diéguez, también una diplomática de notable trayectoria, entra en los planes de Caballeros, pero al igual que en el caso de Prera, el país gana teniéndola en el servicio exterior.

Esperemos que una vez recibidos los beneplácitos pendientes, la cancillería nos dé a conocer un equipo diplomático en el que las 37 embajadas y las 3 misiones permanentes muestren más mujeres y más mayas representando al país. www.gustavoberganza.com

Por Gustavo Berganza

El Presidente cometió el solecismo político de viajar a Cartagena en el avión de Multinversiones, el consorcio fundado por Juan Bautista Gutiérrez y presidido actualmente por sus nietos Juan Luis Bosch y Juan José Gutiérrez.  Previamente, el Presidente incurrió en la desafortunada decisión de mudarse a una residencia en Vista Hermosa I, propiedad de Jorge Estuardo, Ana Lissette y Olga Beatriz Fagiani Rodríguez, emparentados políticamente con la familia Alejos Cámbara.

En el primer caso, el Presidente afirma que haber aceptado el “jalón” que le ofrecieron los Gutiérrez a la Cumbre de Cartagena es un ahorro para el país, porque no pagó pasaje y, se colige, viajó con toda la pompa y circunstancia que él se merece. En el segundo caso, explicó, se mudó  a esa residencia, “debido a los inconvenientes que causaba el despliegue de su seguridad a los vecinos de Bosques de las Luces” (elPeriódico, 30/1/2012). El Presidente pagará una renta de US$ 3 mil mensuales, un gasto que de manera alguna debería producirse –si es que en verdad le cobran la renta – cuando desde la década de 1940 existe una Casa Presidencial erigida por Jorge Ubico para ser la residencia oficial del Presidente de Guatemala.

Dice el Presidente que haber viajado en el jet de la familia Gutiérrez no lo compromete porque  Multinversiones no es contratista del estado. Y el hecho de que uno de los Alejos haya sido quien remodeló  la casa de los Fagiani para habitarla él mismo (elPeriódico, 30/01/12) pero la haya cedido  gustoso al Presidente cuando Pérez Molina manifestó su interés en ella, puede ser que tampoco se traduzca en contratos o réditos políticos para el inquilino desplazado.

Entonces, ¿si en verdad ni los Gutiérrez, ni los Fagiani, ni los Alejos van a cobrarse los favores, por qué nos sabe tan mal que Otto Pérez los reciba de manera tan fácil? Talvez sea porque uno espera que un Presidente no acepte regalos más que de sus familiares cercanos y sus amigos íntimos. Y luego, también nos cae mal el arribismo implícito  que muestra de sentirse tan cómodo entre ricos y famosos y evitar prestarle oído a los menos favorecidos.

En el caso de su viaje a Cartagena, el Presidente alega que de otra forma, hubiera tenido que tomar un vuelo comercial con conexiones tardadas, lo cual le hubiera hecho perder su tiempo. Lo que el sentido de comodidad y el esnobismo presidencial nunca valoro fue que un par de horas más tarde, en un vuelo regular, le hubieran evitado que lo comparasen con su predecesor, que viajó al menos 11 veces en el jet de TOMZA. Y también, si viviese en la Casa Presidencial, no lo compararíamos con otros mandatarios, verdaderos parásitos de los dueños de las residencias que habitaron, que nunca pagaron un solo centavo de renta.

Tal pareciera que aquí el 14 de enero las cosas cambiaron, pero para seguir iguales…

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Por Gustavo Berganza

Hay quienes tienen fijación por los tótems: figuras a las que se le transfiere características que no tienen – o no quieren tener-  quienes los adoran. A otros, les da por la “fan-manía”: siguen cada película, cada disco, cada concierto de sus ídolos e, incluso, arman portales web para compartir su admiración y  su embeleso por esa actriz, ese cantante.

En esos grupos están también quienes adoran a la nobleza. No se pierden cada edición de la revista Hola y se engolosinan con los relatos absolutamente estúpidos sobre los Windsor británicos o los Borbones españoles- el rey matlefantes, la reina carita de Cabbage Patch, la ocupadísima infanta que no se entera de qué va la cosa en su país y el yerno que explota su parentesco para ordeñarles plata a municipalidades y gobiernos autonómicos. Estas peripecias, profusamente mediatizadas, son elevadas a la categoría de relato cósmico, tradición fundante, modelo aspiracional.

España tendrá su razón cultural y su justificación histórica para ser complaciente con estos anacronismos y por eso se entiende que luego del incidente de la cacería en Bostwana, del cual nunca se hubiesen enterado si Juan Carlos no se quiebra la cadera- se queden tan contentos con el “ no volverá a suceder”. Tendrán su razón cultural mantenerle a sus altezas un presupuesto anual de 8.434.280 euros en tanto reducen y gravan pensiones a los jubilados, acortan el seguro de desempleo, aumentan el copago de las medicinas.  Por supuesto, en esos 8.3 millones de euros anuales no se incluyen los gastos de mantenimiento del palacio donde viven, que corren a cargo del estado. Y tampoco incluye vehículos ni choferes, presupuestados en el ministerio de Hacienda.

Pero así es este mundo. Aquí quienes sufren los ajustes, la inflación, los paquetazos no son los políticos –sumamente hábiles para resarcirse-, ni los grandes empresarios – con sus dobles contabilidades y poder intimidatorio sobre recaudadores de impuestos- y, ya no digamos,  la nobleza. Para ellos, cuando se descubre su dispendio, se les acepta  con facilidad la ensayada humildad y la carita compungida con que dicen haber metido la pata.

Otro mundo sería si no fuéramos adoradores de tótems y tan profundamente fetichistas. www.gustavoberganza.com

Por Gustavo Berganza

El diputado Baudilio Hichos se convirtió, por obra y gracia de su propuesta de sincerar los salarios de los diputados, en la bestia negra que todos quieren odiar. En las reacciones a su propuesta va lo de cajón: Que así ya no van a asistir a sesiones de comisiones; que se les va a pagar por trabajar menos; que ganan mucho para lo que producen; que muchos ni educación universitaria tienen.

Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los reporteros que levantaron el tema ni tampoco sus editores se han planteado el verdadero problema: ¿cómo llegó el diputado Hichos al Congreso y por qué se ha mantenido ahí desde 1993?

Porque tal como se formula la crítica, se colige que ni a los votantes, ni a los periodistas les preocupa que el diputado Hichos haya pasado por la UCN de Jorge Carpio, el FRG y la UCN de Mario Estrada. Tal como plantean su disgusto hacia Hichos,  parece venirles  del norte que él ha sido reelecto a pesar de que se ha cambiado de partido en al menos tres oportunidades. No les escandaliza que de una agrupación con ideología liberal haya pasado a otra republicana y por último a una indefinida. Y tampoco se plantean si es conveniente que el liderazgo ejercido por el diputado Hichos –desideologizado y, en consecuencia, sin una visión clara del modelo de sociedad que persigue-  contribuya a reforzar el carácter caciquil y clientelista de nuestro sistema político.

El problema, señoras y señores, no es que Baudilio Hichos proponga aumentar el salario de los diputados El problema es que gente como Baudilio Hichos se sigan haciendo elegir dentro de partidos como la UCN, hechos a imagen y semejanza de sus dueños. El problema es que gente como Baudilio Hichos, que brinca de partido a partido, conserve una base electoral y que esta base electoral le siga, no importando el símbolo, la ideología –si es que la hay- ni el amo al cual sirve el diputado.

El problema, en suma, no es que los diputados ganen más o ganen menos, sino el sistema político que los acuna, los nutre, los hace crecer y les permite eternizarse. Y que también haya diputados que más que representar a sus partidos, sean asalariados del CACIF, de los bancos, de las aseguradoras o de los canales de televisión abierta.

Por eso, urge reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para limitar en lo posible que gente como Baudilio Hichos, Haroldo Quej, Iván Arévalo, Julio César López Villatoro, Arístides Crespo, Jorge Mario Barrios, Delia Back y otros, caciques de una política de compra de votos, acarreo, tráfico de influencias y sin visión de país tengan cobijo en el Congreso.

Eso, creo yo, es el meollo del problema.

Por Gustavo Berganza

No pasaron ni dos meses de que tomó posesión el gobierno de la UNE para constatar que Sandra Torres, sin cargo por nombramiento ni puesto por elección popular, controlaba una porción significativa del gobierno de Alvaro Colom. La Doña se le puso como apodo, rememorando la versión cinematográfica  de Doña Bárbara, en la que María Felix arremetía a chicotazos contra todo aquel que se oponía a sus mandatos.

Tres años después, porque ahora no tuvimos que esperar al 14 de enero, la historia volvió a repetirse. Roxana Baldetti, vicepresidenta de la República por decisión soberana del pueblo de Guatemala, se ha apoderado de la administración pública en este régimen que preside, ahora ya no sabemos hasta qué punto, el general Otto Pérez Molina. Y digo se ha apoderado, porque de su despacho salen nombramientos de viceministros, directores generales, directores, jefes de departamento y empleados rasos. La señora Baldetti ha mostrado especial empeño en nombrar, en nombre del Presidente, a quienes ejercen funciones administrativas y financieras. Algo que justifica con el argumento de que de esa manera garantiza un manejo honrado, eficiente y transparente de los recursos del estado. Mmm, sí, ajá…

Hay casos, como el del ministro de Agricultura, en el que el representante de la señora Baldetti le explica al titular de la cartera los límites de su poder:”Recuérdese que usted es un invitado”, se le dice al ministro, que asume la representación de la cartera, pero no manda. Y en otros casos, la señora Baldetti lanza investigaciones y consigue arrinconar a funcionarios que, como fue el caso del recientemente defenestrado Francisco Arredondo, habían logrado sacudirse al viceministro administrativo que le impuso la vicepresidenta.

Lo más escandaloso son los casos en los que el funcionario ni siquiera ha tenido oportunidad de evaluar con qué  recurso humano cuenta en su dependencia, y con cuál puede trabajar, cuando ya es conminado por la Vicepresidenta a tomar en consideración el listado de afiliados y contribuyentes del PP que ella ordena nombrar. Eso le sucedió al recién nombrado titular de la SAT, a quien la señora Baldetti le presentó la lista de nombres que van a ocupar los cargos de intendentes. De este caso, llama la atención la insistencia con la que impulsa a una de sus allegadas para el delicado cargo de Intendente de Aduanas.

Sandra Torres tenía una propuesta para combatir la pobreza extrema. Y en el afán de hacerla funcionar, movió cielo y tierra para que no le faltasen los recursos a sus programas de Cohesión Social. Al final, con todo y el uso clientelar que se le dio a los programas, esto fue de lo poco bueno que perdura del gobierno de Álvaro Colom. Yo me pregunto: aparte de conseguirle empleo a los patriotistas, ¿cuál es la propuesta que impulsa la señora Baldetti dentro del actual gobierno? Porque eso de la transparencia, con los negocios que se cocinan en el gobierno, y la calidad de gente que ella propone para cargos administrativos, ya no resulta tan creíble. www.gustavoberganza.com