Por Gustavo Berganza
El financiamiento de las campañas es uno de los factores que nos ha llevado al estado actual de cosas en el Gobierno. Recordemos que la promoción de Otto Pérez Molina como candidato en 2011 de Otto Pérez Molina costó al menos al Q215.05 millones (Acción Ciudadana). Y ya hemos podido ver, en apenas cuatro meses desde su toma de posesión, el número de compras que este régimen ha hecho bajo la modalidad de excepción. Adquisiciones en las que la sobrevaloración es más bien la norma y no la excepción.
Y aún hay más: hay leyes de beneficio general, como la Ley de Minería, la Ley que suprime el secreto bancario y la Ley de Desarrollo Rural que están paralizadas, merced a las presiones que hacen los financistas.
Por eso, no es extrañar que el tema del financiamiento público a los partidos sea uno en donde converge el interés de las organizaciones de la sociedad civil que participan en los foros convocados por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para escuchar propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El financiamiento, tal como lo plantean, va amarrado a una mejor fiscalización de los partidos y a la democratización de sus procesos internos. Y también implica una reducción del período oficial de campaña. Actualmente, el tiempo autorizado es de cinco meses y medio para los partidos que pasan al balotaje, y de cuatro meses y medio para aquellos que solo alcanzan la primera ronda. De facto, sin embargo, tenemos campañas que arrancan año y medio antes de los comicios. La propuesta de la Convergencia Nacional para la Reforma Política –CONAREP- sugiere un límite de dos meses.
El Movimiento Cívico Nacional –MCN-, consciente de que el mayor peso en el costo de las campañas es la publicidad, sugiere que sea el Tribunal Supremo Electoral el que contrate los espacios en los medios y los distribuya equitativamente entre los partidos.
Los topes de gasto de campaña tienen que estimarse de manera diferenciada, por cargo de elección. Es decir, hay que establecer techos separados para binomios presidenciales, diputados y alcaldes. Y reforzar la autoridad y los recursos de la auditoría electoral del TSE para vigilar que los partidos se ajusten a los topes e impedir que los medios no se conviertan en cómplices para violarlos.
Lo malo es que solo ha sido hablar de financiar a los partidos y ya se generó una marejada de críticas. En este sentido, creo habrá que emprender una campaña informativa para explicarle a los guatemaltecos los vínculos entre financiamiento privado y corrupción y tráfico de influencias en el Congreso, Gobierno central y municipalidades. Una campaña que ilustre con ejemplos locales y extranjeros cómo la dependencia de los partidos de financistas privados les priva de autonomía para gobernar, empujándolos a orientar su gestión a satisfacer las demandas de sus patrocinadores, en desmedro de los intereses de la generalidad.www.gustavoberganza.com